El buen gobierno de los gobiernos con veedurías ciudadanas

Por F. Xavier Agulló. Siendo el sector público el responsable de la legislación sobre el buen gobierno de las empresas, ¿por qué no se ocupa también de su propio buen gobierno? Toda organización que se precie y quiera sustentar en el tiempo define planes de metas, se somete al escrutinio público y gestiona la responsabilidad social en sus actividades... menos los gobiernos.

El municipio de Rosario (Argentina), ha presentado un proyecto de ordenanza para establecer un plan de metas para él mismo. Igual han hecho ya municipios como mi querida Bogotá o Sâo Paulo. Establecer un plan de metas implica la obligación de definir unos objetivos claros basados en las promesas electorales a cumplir durante el mandato, que puedan ser escrutados públicamente.

Aunque no sea el caso de Rosario, ello facilitaría la existencia de veedurías ciudadanas que pudieran dar seguimiento externo y objetivo a los logros de los gobiernos locales, regionales o estatales. La inexistencia de estos órganos, habituales en países como Ecuador, nos lleva a un descontrol entre promesas y logros, falta de transparencia en definitiva.

Mejor aún, los planes de metas no deberían ceñirse a los de la propia municipalidad o gobierno, sino también a los de una hoja de ruta para el propio territorio en que participen también sus empresas y organizaciones de la sociedad civil, así como, porqué no, su propia ciudadanía.

Es así pues como las veedurías ciudadanas asumirían un rol determinante en el buen gobierno de un territorio socialmente responsable, a la par que significaría la implicación de la ciudadanía, normalmente pasiva, en el bienestar común.

La política debe reinventarse y regenerarse, pues la incompetencia que ha venido demostrando la clase gobernante ha alejado la ciudadanía del ejercicio del buen gobierno común, ya no sólo público. Ello lo vemos en el ascenso de la abstención en las elecciones de territorios donde el voto no es obligatorio. Pero también permitiría generar mayores complicidades entre empresas y OSC con sus respectivas comunidades.

Los planes de metas y los indicadores territoriales son el punto de partida para poder alimentar las veedurías ciudadanas en su necesario rol de escrutinio del buen gobierno de los gobiernos... y resto de agentes sociales.

Su extensión a redes de territorios responsables permitiría el benchmarking y la mejora continua, y facilitar que redes como la española Red Retos sean algo más que simples escaparates faltos de contenido. Y sin duda ayudaría a generar mayor confianza pública externa en dichos territorios.

Por lo tanto los territorios y en especial los gobiernos que los dirigen deben:

1. Establecer planes de metas con sendos indicadores.
2. Crear veedurías ciudadanas que faciliten el seguimiento asambleario y anónimo.
3. Integrarse en redes de territorios responsables.