Del Estado-nación al Estado-mercado

Por F. Xavier Agulló. Ayer terminé la lectura del último libro de Loretta Napoleoni, Economía canalla, muy recomendable para hacer una abstracción de la convulsa realidad que nos engulle en la actualidad y abrir la mente a otros aires y posiciones. Es de esos libros que me gustan porque hacen pensar, y algunas reflexiones las compartiré en los próximos posteos. Todo ello, claro está, sin desvelar el insólito desenlace que hábilmente va hilando a lo largo de su libro.

Una de las reflexiones que no había, personalmente, llegado a formalizar, es la efectiva desaparición progresiva del Estado-nación, nacido después del feudalismo y bajo la conceptualización de lúcidas mentes como Platón, Hobbes o Rousseau, donde el contrato social se basa en que la persona individual cede poderes al estado para que éste los gestione en el bienestar común. Pero también se basa en la existencia de unas fronteras geográficas, que ante la globalización dejan de tener sentido. Más aún, son un impedimento para controlar grupos de la economía canalla que aprovechan los nuevos nichos 'tierra de nadie' (piratería, prostitución, pesca ilegal, tráfico de drogas, esclavitud, trabajo infantil, residuos, etc.).

La progresiva pérdida de poder del Estado-nación va en favor de la persona individual. Un claro ejemplo podemos encontrarlo en China, una especie de 'comunismo con capital', donde a cambio de que no molesten al poder y control político, la ciudadanía puede beneficiarse de un marco sin barreras para la iniciativa empresarial y lucro individual.

El ejemplo de la China, más que ser un caso aislado, puede aparecer como tendencia, y así lo apunta Napoleoni. Nada nuevo en cuanto a contenido, pero poner nombre a la 'cosa' era importante, y Estado-mercado versus Estado-nación me gusta.

Seguiré reflexionando sobre este magnífico libro. Siga leyendo >>>

La SGAE sigue robando

Por F. Xavier Agulló. La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) española sigue con su firme voluntad de robar la libertad de expresión en Internet. Son conocidos dos casos de SGAE contra bloggers: PutaSGAE y Merodeando, blog éste último al cual quiero hacer referencia por la gravedad de los hechos condenados. Y es que ya hay sentencia condenatoria contra Julio Alonso, autor del blog y director general de Weblogs SL, que ha sido condenado en primera instancia por vulnerar el "derecho al honor" de la SGAE en algunos comentarios de la audiencia hechos en su página personal.

Lo grave del caso es que no se condena a Alonso por su opinión en un posteo del año 2004 (SGAE=Ladrones), ni por el título, sino por los comentarios vertidos a partir de ese posteo por la audiencia. Es decir, se condena a Alonso por permitir el derecho a la libertad de expresión de otras personas. Por cierto, nos cuenta el propio Alonso en su valoración de la setencia en su blog que la propia judicatura ha 'copiado' contenidos de Internet en distintas secuencias, para definir por ejemplo blog. Todo un ejemplo de respeto a los contenidos, ¡olé!

Y es que ni judicatura ni SGAE han comprendido todavía que del mismo modo que no es posible juzgar a nadie en una tertulia de café por 'faltar al honor' de la SGAE, tampoco es de recibo hacerlo si la opinión se vierte a través de un blog. Los blogs, o cuadernos de bitácora en castellano, son el equivalente digital de opiniones personales. La propia SGAE tiene el derecho de verter su opinión y rebatir argumentos en el propio blog. En cambio prefiere poner paredes a Internet.

Pero como una criatura llorona, recurrió al juzgado para que le sacaran las castañas del fuego. En este caso pues nos encontramos con la conjunción 'astral' de dos irresponsabilidades: la incapacidad de la SGAE de dialogar con la sociedad (todavía nadie sabe qué hace con todo el dinero que recauda con el canon digital, alias 'impuesto revolucionario' sobre las nuevas tecnologías), y por otro la más que dudosa profesionalidad de la judicatura, que encima se permite 'copiar' textos de Internet en su redacción de la sentencia. Lo lamentable es que ni un caso ni el otro son aislados: con anterioridad escribí en este blog sobre el caso del requerimiento judicial de Leroy Merlin a un blogger (Leroy Merlin denuncia a un blog) y el caso Intervida, en el que la juez instructora hizo gala de gran creatividad 'jurisprudencial' y encima también copió, en este caso el literal del contenido editorial de un artículo en una revista contra Intervida.

En fin, que Internet es mala... para quién no sabe teclear. Siga leyendo >>>

Entra en vigencia la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Por Carlos Javier Delgado. Conforme a la regla dispuesta en el numeral primero de su artículo 45, el pasado tres de mayo entró en vigencia la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, un mes después de que fuera Ecuador el vigésimo Estado en ratificar su contenido.

Según reza su artículo primero, el propósito de la Convención es “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”.

En palabras de Claude Heller, Embajador y representante permanente de México ante la ONU (Estado que fuera uno de los principales promotores de la Convención), el valor de este nuevo instrumento jurídico internacional se encuentra no sólo en su búsqueda por promover un cambio en las legislaciones nacionales, sino además, en la mentalidad de quienes aun no reconocen a las “personas con discapacidad como personas que deben ser preparadas y que pueden estar dispuestas a integrarse plenamente a la vida económica, social y cultural de su propio país”.

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La directiva 'de la vergüenza', una oportunidad de diálogo

Por Juanjo Martí. Considero este foro un buen lugar para la reflexión y promoción del diálogo en cuanto a la nueva directiva referente a la inmigración. Sin duda ha supuesto una seria advertencia de la comunidad europea hacia las personas que parecen no merecer la ciudadanía por razón de origen de procedencia.

La realidad es que en el sistema que vivimos, económicamente hablando, se está dando un reajuste importante que afecta a la fuerza motora del cambio; las personas que han trabajado para que esas cifras económicas sean las que han sido hasta el momento.

La primera cuestión es enfocarlo desde una irresponsabilidad social, esta situación era de prever, tanto para las personas que ocupan cargos políticos, hasta para todo el empresariado que se beneficiaron de mano de obra a la cual pagaron menos.

Europa se ha beneficiado de la inmigración, como se beneficiaron muchos países de la emigración de sus habitantes en otros tiempos; y así se han beneficiado ahora los países de los cuales proceden las personas inmigrantes, siendo ahora sus gobiernos agentes importantes y básicos en el diálogo que implica esta situación.

Este post pretende abrir diálogo, mediante una reflexión; si ahora se está acabando la fuente de trabajo para miles de personas independientemente de su situación legal, ¿qué alternativas deberían promoverse desde la sociedad mundial? Siga leyendo >>>

¿Legislar o no Legislar?: el caso Colombiano

Por Carlos Javier Delgado. El auge de la Responsabilidad Social como aporte de las Empresas al desarrollo sostenible de las sociedades ha dado tema para todo, y uno de los principales debates que ha tenido origen en rededor suyo tiene que ver con la conveniencia o no de reglamentarla normativamente. Más allá de los argumentos a favor y en contra que han llegado a exponerse, lo cierto es que pareciera haber una tendencia a que cada vez sean más los Estados y entidades territoriales con autonomía legislativa interesadas en promover la expedición de normas relacionadas en más o en menos con este fenómeno empresarial y social.

Este es justamente el caso de Colombia, cuyo Congreso de la República tramita actualmente la expedición de una ley “por la cual se definen normas sobre la Responsabilidad Social y Medioambiental de las Empresas”.

Según lo enuncia en su tentativo artículo primero, la expedición de esta ley tiene por objeto la promoción de prácticas de Responsabilidad Social Empresarial a partir del diseño, desarrollo y ejecución de políticas, planes y programas que incentiven en el empresariado la consecución de objetivos sociales y ambientales responsables. Obligación esta última que recaería en cabeza del Consejo de Responsabilidad Social Empresarial (CRSE).

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Los principios del comercio justo en la escala agro-ganadera

Por Martín R. Santos. Argentina está ceñida, desde hace ya un par de meses, en una discusión que en la voz de la gente se reduce a “Gobierno versus campo”.
Ese reduccionismo no achica el problema, pues coloca en el cuadrilátero, por un lado, a la estructura de poder con mayor legitimidad en los últimos diez años, representada por la presidenta Cristina Fernández y por su marido, el ex presidente Néstor Kirchner; y por otro, al sector económico más influyente en la historia del país, el mismo que lo colocó hace sesenta años entre uno de los más prósperos por exportar alimentos cuando la guerra y el hambre arremetían en Europa.
El tema es que esa discusión sobre las altas retenciones (móviles, de acuerdo al precio del mercado) a las exportaciones de soja ha repercutido y mucho, no sólo sobre la economía sectorial, sino también sobre el derecho de trabajo de quienes, sin comerla ni beberla, han sufrido perjuicios por el block out del sector agrícola ganadero, que cortó las rutas más importantes de Argentina durante semanas.
Uno de las áreas afectadas fue la del transporte (cuyo poder patronal es también inmenso), cuyos representantes han decido protestar contra la protesta. ¿Y qué medio eligieron? El mismo; el corte de rutas a nivel nacional. Suena tan ilógico que parece mentira: “cortamos las rutas porque si siguen cortando las rutas no podemos trabajar>>>

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Sin vergüenza de mostrar las fuerzas armadas

Por F. Xavier Agulló. Hay cosas que deberían estar escondidas, aún siendo todavía necesaria su existencia. En España todavía se celebran vergonzosos desfiles militares, en este caso con motivo del 'Día' de las fuerzas armandas, al estilo de la primera mitad del s. XX. De hecho hay pocos países que renuncien a estos espectáculos 'castrenses', pero es algo que desde la responsabilidad social es necesario analizar y sancionar.

Mostrar poderío militar es propio de épocas imperialistas y militaristas, todo lo contrario del camino que debemos emprender en pleno s. XXI. Las fuerzas armadas, que deberían tener como claro objetivo a medio y largo plazo su desaparición o sustitución, no pueden estar saliendo constantemente a la calle a mostrar sus plumas militares. ¿Qué hace pues sino distintos a regímenes dictatoriales como China de sistemas teóricamente democráticos como España o Francia? Parece que nada.

O como mínimo podrían simplemente desfilar sin armas, sin tanques, sin aviones y sin nada que recuerde a muerte. Las fuerzas armadas son un mal necesario por ahora, pero denota muy poca responsabilidad social por parte de los gobiernos el sacarlos de los cuarteles a pasear como si fueran algo bueno. Siga leyendo >>>

Toda la población italiana es delincuente

Por F. Xavier Agulló. Toda generalización es peligrosa. Desde hace un par de siglos la población italiana ha emigrado a todo el mundo, en especial Estados Unidos y Latinoamérica. Una pequeña parte de dicha emigración se ha dedicado a crear mafias y entornos extorsivos. En parte de Italia manda la mafia. El propio Berlusconi tiene más perfil mafioso que otra cosa.

Ahora el mal llamado "Il Cavaliere" (pues poco tiene de caballero) declara toda la inmigración ilegal delincuente. Me pregunto si no es tan legítimo llamar delincuente a toda la inmigración ilegal a Italia como llamar delincuente a toda persona italiana. No veo motivos que diferencien ambos hechos.

Y con todo ello no digo que no haya que establecer mecanismos para evitar y controlar la inmigración ilegal, pero no es ésta la forma de hacerlo. Quizás si se dieran menos motivos para migrar a los países de donde procede dicha inmigración a Italia no habría necesidad de declararla 'delincuente'. Siga leyendo >>>

Más petróleo por ayuda

Por Juanjo Martí. En fechas recientes he estado en México, el motivo del viaje un congreso sobre casos exitosos de desarrollo sustentable. En los días previos estuve viendo una inusitada labor de acercamiento entre la Unión Europea y México, cuando normalmente las relaciones eran poco más que cordiales surgía un gran interés y programas de cooperación a todo nivel. Obviamente, había que buscar el motivo.

En el avión leyendo el diario Excelsior encontré la solución a mi pregunta, el presidente de México hablaba sobre la privatización de la petrolera estatal, PEMEX. Y como por arte de magia ahora nuestra querida UE estaba interesada en conocer la cultura mexicana, programando viajes de sus máximos representantes y abriendo el grifo económico hacia el país, cuando desde años atrás los problemas han estado presentes y han sido denunciados, unas veces por voces anónimas, otras por enmascarados, y tal vez demasiados por imágenes de gente tiroteada al intentar emigrar al poderoso vecino EEUU.

La hipocresía debería ser penada por la ciudadanía europea, aunque no se sabe si esta estará más interesada en poner gasolina al coche a menor precio que en ver como nuestros fondos se usan solo si a cambio se obtienen prevendas para nuestras empresas (las mismas que luego contratan a nuestros políticos).
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La RSC en la Constitución Política Colombiana

Por Carlos Javier Delgado. Si bien las dos últimas décadas del siglo XX y la primera del siglo XXI fueron y han sido testigos históricas del proceso por el cual, varios de los Estados Iberoamericanos se lanzaron en masa a la tarea de reeditar sus textos constitucionales con el propósito de allanarlos a las realidades política, social, jurídica y económica de la región y del mundo contemporáneo, es común denominador entre todos ellos haber dejado de lado una mejor y más completa inclusión en sus textos de una de las instituciones más importantes de nuestro tiempo: la empresa.

Fue Adela Cortina quien en su momento, en una de sus obras más conocidas y difundidas –Ética de la empresa: claves para una nueva cultura empresarial- manifestó que, siendo la nuestra una sociedad de organizaciones, el ejemplo a seguir por todas las demás (incluso por el propio Estado) habría de ser inexcusablemente la empresa. Otras mentes como Alejando Llano, profesor de la Universidad de Navarra, manifiestan de manera categórica que la empresa moderna se ha erigido como una de las instituciones sociales básicas, a la par de la familia y la escuela. No obstante, la importancia otorgada a la empresa por las Constituciones Iberoamericanas es, en la mayoría de los casos, considerablemente limitada.

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El mix mágico de negocio y política

Por Juanjo Martí. Hoy analizamos un caso de entrada y otro de salida, de la política a los negocios y de los negocios a la política. En el primer caso tenemos la salida de Eduardo Zaplana de la política para ocupar un cargo de nueva creación en la multinacional española, Telefónica. Sin duda es un hombre bien comunicado y una amplia trayectoria que le acredita para que la empresa privatizada durante el gobierno del Partido Popular piense en él como un adálid de su proyección en Europa. En otro escenario, entrada en política de empresarios, la noticia nos ofrece la brillante trayectoria de la empresa Genetrix y su impresionante propulsión el el área biomédica en un pais como España con un severo déficit en I+D. Entusiasmados con la noticia descubrimos que tras ella está la nueva ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia.

Hace unos años, leíamos con inusitado interés la impresionante trayectoria de Eduardo Zaplana, como alcalde de Benidorm y creador o socio en más de 50 sociedades limitadas, amante de los negocios inmobiliarios y clave en el proyecto de Terra Mítica. En la web referida anteriormente podemos hacer un seguimiento de las causas abiertas contra él y su implicación en negocios varios, a los cuales nos queda la duda de en que grado y modo han beneficiado sus cargos políticos. De lo que tenemos más incertidumbre es sobre su papel en telefónica, similar al del ex-presidente de Baleares en Miami como asesor del grupo Hotelero Barceló.

El caso de que una empresa que se ha beneficiado de múltiples ayudas, sin duda es una alegría puesto que las ayudas a la investigación y desarrollo están para usarlas. En que medida el ser político ayuda a que sean otorgadas y porqué en un pais donde los becarios son privados de múltiples beneficios laborales y viven con exiguas pagas genera también incertidumbre sobre el modelo que se pueda desarrollar pues al ser sus integrantes investigadores en un centro público como el CNB, puede darse el caso de que hayan usado becarios para sus negocios particulares. De lo que no tenemos duda es que si da una cierta tentación de duda el hecho de ver como la accionista de una empresa crecida al amparo de subvenciones públicas pasa a dirigir el ministerio que concede ayudas. Si yo fuera de la competencia compraba acciones de genetrix, si fuera la ministra, valoraría dimitir de algún cargo.
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La nueva Ley de Contratos del Sector Público española introduce las cláusulas sociales con 'boquita de piñón'

Por F. Xavier Agulló. Las compras directas de productos y servicios por parte del sector público europeo supone el 16% del PIB, el 18% en el caso español. ¿Te imaginas que en dichas compras se tuvieran en cuenta criterios socialmente responsables? Eso son las cláusulas sociales. Implicaría un efecto arrastre muy beneficioso para la sociedad.

Ahora bien, dejemos de imaginar, pues la esperada nueva Ley de Contratos del Sector Público que entra en vigor este 1 de mayo se queda a las puertas de 'querer' conseguirlo. Y digo 'querer' a conciencia, pues ya el anteproyecto de ley hacía prácticamente caso omiso a dicha necesidad social. Y eso que en teoría dicha normativa debía seguir la filosofía de la ya 'vieja' Directiva europea 2004/18/CE. El Estado español ha tardado 4 años en transponer dicha directiva a la su legislación, y lo ha hecho 'ad literam' pero sin inspiración. Es decir, no ha seguido la filosofía y dirección que marcaba dicha directiva.

Pero en cualquier caso veamos qué opciones les quedan a las administraciones públicas que deseen ser socialmente responsables.
Podemos clasificar las cláusulas sociales en cinco tipos:

- Inclusivas o de inclusividad laboral (género, discapacidad, situación familiar, etc.).
- Laborales o de calidad de las condiciones laborales (estabilidad, conciliación, derechos humanos, etc.).
- Verdes o sostenibles (emisiones, ecoproductos, energías renovables, etc.).
- Solidarias o de apoyo a la comunidad (comercio justo, economía social, lengua y cultura, etc.).
- Éticas o de gestión ética (transparencia, certificaciones, cooperación, etc.).

De todas ellas, sólo las cláusulas verdes tienen una cobertura explícita global, ya sea a través de los criterios de valoración (artículo 134) o bien por condiciones de ejecución de los contratos (artículo 102). Por su parte, las cláusulas inclusivas pueden ser aplicadas casi sin restricciones en las condiciones de ejecución, mientras que sólo en los criterios de valoración cuando tengan relación con el objeto y públicos objetivo del contrato.

Es decir, la RSC sólo 'suma puntos' en ocasiones muy concretas, por lo que titulares como el del periódico económico Cinco Días (La RSC suma puntos para adjudicarse un contrato público) son cuanto menos amarillistas, sino tendenciosos.

Por su parte, las cláusulas laborales pueden ser introducidas en las condiciones de ejecución si fomentan la igualdad hombre-mujer, la formación, la lucha contra el paro, la calidad de vida o el respeto a los derechos laborales básicos (art. 102).

Las cláusulas solidarias pueden introducirse únicamente ante igualdad de condiciones, es decir, para 'desempatar' (habida cuenta que el 'empate' siempre es subjetivo). Pueden definir preferencias ante igualdad de condiciones hacia el comercio justo o las empresas de inserción (disposición adicional sexta), o también 'reservas de mercado' para centros especiales de empleo (disposición adicional séptima) (nota: por ley, las empresas de inserción integran a personas pertenecientes a colectivos con riesgo de exclusión, mientras que los CEE tienen en su plantilla un mínimo de un 70% de personas con discapacidad). Hay quien puede considerar éstas como cláusulas sociales, desde mi punto de vista es simple limosna. En fin, que poco trecho tienen este tipo de cláusulas.

Finalmente, las que menos recorrido tienen son las cláusulas éticas o de gestión ética. Se pueden establecer prescripciones técnicas que hagan referencia a normas reconocidas (art. 101), o bien haciendo mención explícita a la posibilidad de crear uniones temporales (que fomentan la cooperación empresarial o entre empresas y ONG).

En fin, que de poco sirve un peine ni que sea de regalo si se tiene poco cabello. Los grupos de presión empresariales se han salido con la suya con su lobbying, mientras que las centrales obreras han aportado su granito de arena irresponsable al no presionar para conseguir mayores requisitos de calidad laboral e inclusividad; precisamente en referencia a este último punto, no olvidemos que la LEY 13/1982 de 7 de Abril, de Integración Social de los Minusválidos, sigue sin cumplirse 25 años después (que reserva un 2% de los puestos de trabajo a personas con discapacidad). Ni empresariado ni sindicatos han tenido interés en que se cumpla.

¿A quién la interesa que la compra pública sea ética? La nueva Ley de Contratos del Sector Público española introduce las cláusulas sociales con 'boquita de piñón'... que no sea que se vaya a ofender alguien. Siga leyendo >>>

La RSC y el Derecho: ¿Existe alguna relación?

Por Carlos Javier Delgado. El Derecho como disciplina pragmática pretende reconocer, validar o establecer las prácticas humanas aceptadas y rechazadas por una sociedad. Para ello parte de la experiencia y de la sumatoria objetiva de los criterios particulares sobre lo que está bien o está mal.

Uno de los juicios ontológicos más difundidos (por no decir el que más) al momento de concebir el Derecho, es aquel que da prioridad a su naturaleza coercitiva. En tal sentido se le identifica con la ley, entendida esta última como el mandato público que ordena reprochar y castigar determinadas conductas humanas.

Sin embargo, dicho postulado ha quedado relegado por la realidad jurídica de los tiempos que corren, en los que las leyes ya no sólo se expiden con el espíritu de prohibir y sancionar, sino también con el propósito de permitir y premiar. En ese sentido la ley, y de su mano el Derecho, han hecho aun más evidente el ingrediente deontológico que siempre hubo de corresponderles.

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Cuando la justicia protege a violadores y asesinos... ¿se mata dos veces?

Por F. Xavier Agulló. Podría parecer una más de las muchas historias o memes que corren por e-mail o se pierden en blogs. Pero lo cierto es que la imagen de este individuo de la fotografía, apodado 'el Rafita', fue difundida en octubre de 2007 por la televisión española Telecinco. Había cometido cuando tenía 14 años, junto a un mayor de edad y dos menores más, una violación, tortura y asesinato de una joven deficiente psíquica, y salía a la calle a los 18 años por 'curiosidades' del sistema legal español (que no dista en esto todo sea dicho del de muchos otros países) (ver crónica del hecho).

Por otra 'curiosidad', la televisión tuvo que retirar su imagen (y vídeos lógicamente) de su web bajo pena de denuncias legales por la Defensoría del Menor de Madrid (es posible todavía por cierto ver el vídeo en youtube).

Sabemos que objetivo del sistema legal (ya no digo penitenciario) es reinsertar. La cuestión es si es posible reinsertar a ciertos individuos. Supongo que para ello no terminará nunca la tinta, mientras todo sigue igual en el sistema legal. Puedo entender argumentos de todos lados, pero lo que no puedo entender es que una madre o un padre tengan que sufrir viendo al asesino de su hija coleando libremente por la calle. Siga leyendo >>>

"Tu dinero hace mucho daño: porque tú pagas, existe la prostitución"

Por F. Xavier Agulló. El titular de este posteo es el aserto que reza una campaña del Ayuntamiento de Madrid que hoy he podido ver en toda la red del metro en dos formatos (valla y mupi) y en dos versiones (en la de la fotografía -pido disculpas por la mala calidad, es de móvil-, se ilustra con un club de alterne con el nombre 'Club Tráfico de Armas', mientras que en la otra que no pude fotografiar pone 'Club Explotación de Mujeres). No he podido encontrar referencias en Internet más que algún posteo en un blog sin fotografía mejor (clicar en la foto para verla ampliada).

Debo decir que, personalmente, me causó un fuerte estupor el ver dicha publicidad (seguramente el efecto que quiere causar). Sé que quienes la van a defender dirán que ya era hora que se 'rompiera un tabú'. Pero yo debo decir, llanamente, que criminalizar a todo un colectivo es irresponsable, o al menos, así lo siento. Aunque en un porcentaje, quizás mayoritario, sea efectivamente explotación sexual, mientras exista una sola mujer que ejerza por libre elección esta PROFESIÓN, no podré apoyar el tono y contenido de este tipo de campañas.

Empezamos por prostitutas y terminamos generalizando y criminalizando "a todo cartel" a gente gitana, rumanesa, albanokosovar, personas aficionadas a la caza, toreros, homosexuales, etc. La respuesta a la explotación sexual no es criminalizar, cualquier otra cosa (presión policial, legalización, sello de garantía o calidad, zonas controladas, etc.), pero no esto. Siga leyendo >>>

SUFICIENTE

Por Anaiz Quevedo. No hay justificación para que la Maternidad Concepción Palacios de Caracas, Venezuela reporte 6 recién nacidos fallecidos la noche del 26 de marzo. Ninguna.

La falta de insumos y de médicos no es nueva en este hospital público, y mucho menos un invento de los medios de comunicación. La respuesta de los directivos del hospital: decomiso de los historiales médicos de los neonatos. El gobierno: acusa a los medios de comunicación de terrorismo mediático.

Vale la pena destacar además varios aspectos de esta historia:

Muchas de las madres que acuden a la maternidad son adolescentes. Hay toda una problemática detrás de los nacimientos en los hospitales públicos venezolanos. En una sociedad todos somos corresponsables: Las familias que deben promover valores, los medios de comunicación (que deberíamos avocarnos más a promover mensajes de reflexión en los adolescentes), la sociedad civil y la empresa concentrar mayores esfuerzos en las comunidades aledañas, pero sin duda el Estado debe garantizar la seguridad hospitalaria y el desarrollo de políticas de efectivas de salud. Por otra parte también los medios de comunicación tienen la responsabilidad de mostrar lo que está sucediendo. Muchas veces no se puede complacer a todas las ideologías. Los medios no son institucionales por naturaleza. Hay un grupo de familias preocupadas, médicos afectados, una situación que amerita ser investigada y una ciudadanía que necesita saber lo que pasó. Ver cronología

No se trata de acusar, de señalar, ni de ser conspiradores(as) por decir o informar. Quizás lo que la población venezolana está esperando son acciones que ataquen las causas de los problemas. Ya está bueno de intentar polarizar y dividir a la población basándose en situaciones delicadas como ésta. Me cuesta creer que con semejante historia triste personas de un lado ideológico o de otro estén justificando, acusando, cuando lo más lógico sería asumir la responsabilidad del lamentable incidente y evitar que vuelva a suceder. No más, ¡Suficiente! Siga leyendo >>>