Por Isabel Lorenz. Desde hace varios meses, las agencias de noticias a nivel global, dedican diariamente importantes espacios a informar de las distintas causas y efectos de la denominada “crisis alimentaria”. En esta crisis no hay país que escape a sus disímiles consecuencias. Es un tópico que sin duda desafía la responsabilidad social de empresas, gobiernos y sociedad civil; todo el mundo nos enfrentamos al reto de lograr saciar el hambre a través de acciones que nutran efectivamente a millones de personas hambrientas literalmente.
Una mirada a esta crisis desde la responsabilidad social en el contexto de la Unión Europea, despierta mas dudas que clarificaciones. La Comisión de Comunidades Europeas incorporó a su agenda el tema de la RS desde la publicación del Libro Verde en el 2001, con el propósito de fomentar la responsabilidad social de las empresas a nivel europeo e internacional, “en particular sobre cómo aprovechar al máximo las experiencias existentes, fomentar el desarrollo de prácticas innovadoras, aumentar la transparencia e incrementar la fiabilidad de la evaluación y la validación”. [1]
Un año después, la Comisión emite una comunicación titulada “La responsabilidad social de las empresas: una contribución empresarial al desarrollo sostenible”, la cual recoge los resultados del proceso de consulta sobre el Libro Verde a todos los agentes que desempeñarán un papel activo en el desarrollo de las empresas (instituciones europeas, Estados miembros, interlocutores sociales, asociaciones de empresas y de consumo, empresas individuales y otros agentes interesados) y una propuesta de estrategia europea destinada a promover la responsabilidad social de las empresas.
En esta misiva, las empresas reafirmaron su opinión sobre la naturaleza voluntaria de la RSC, destacando que cualquier tentativa de regularla a nivel europeo sería contraproducente, pues anularía su creatividad e innovación como motores del desarrollo con éxito de la RSC, y podría generar conflictos de prioridades para las empresas que operan en distintas áreas geográficas. Por su parte, los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil insistieron en señalar que las iniciativas voluntarias no eran suficientes para salvaguardar los derechos de quienes trabajan y de la ciudadanía. Ambas organizaciones demandaban un marco reglamentario que estableciera normas mínimas y reglas de juego equitativas definidas, aplicadas y evaluadas con la participación de todas las partes interesadas, que contarán con mecanismos eficaces que obligaran a las empresas a responsabilizarse de las consecuencias sociales y medioambientales de sus actividades. Inversionistas y organizaciones de consumo, expresaron su interés por mejorar la divulgación de la información y la transparencia de las prácticas empresariales; el primer grupo, abogando por el desarrollo de metodología efectivas por parte de las agencias de calificación y la gestión de los fondos de inversión socialmente responsable (ISR) y de los fondos de pensiones; y el segundo, insistiendo en que la información debe ser exhaustiva y fiable respecto a las condiciones éticas, sociales y ecológicas de producción y comercialización para fundamentar sus decisiones de compra.
Transcurrieron cinco años de la publicación del Libro Verde, y la Comisión presentó en marzo del 2006, la comunicación titulada Poner en práctica la asociación para el crecimiento y el empleo: hacer de Europa un polo de excelencia de la responsabilidad social de las empresas. Esta última declaración emitida por la Comisión referida al tema de la RSC, atiende parcialmente las observaciones de todas las personas participantes en las consultas precedentes. La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y Amnistía Internacional, no tardaron en manifestar públicamente su protesta a lo que consideraron un retroceso al no tomar en cuenta las demandas hechas por las organizaciones de la sociedad civil y los sindicatos. Por el contrario, la comunicación sólo reflejaba el enfoque de RSC de los negocios, basada en el más bajo denominador común del enfoque de RSC. Con ello la Comisión ponía de manifiesto su falta de voluntad para aceptar asumir su rol en el tema. Sin dejar de reconocer la importancia del aspecto voluntario de la RSC, las organizaciones denunciantes consideraron una omisión seria no incorporar la necesidad de un sistema de normas y estándares basado en un acuerdo internacional capaz de garantizar una rendición de cuentas de todas las empresas [2]
Aunque la Comisión insiste en decir que “la RSE sólo podrá desarrollarse si se asocia a todas las partes interesadas, y desea mantener un amplio e integrador debate sobre la RSE”, las recientes noticias sobre sus actuaciones en un tema tan sensible como la “crisis alimentaria” parecen darle la razón a la FIDH, Amnistía Internacional, demás las organizaciones de la sociedad civil y los sindicatos.
La comisaria europea de Agricultura, Mariann Fischer Boel, ha presentado en mayo la última reforma de la Política Agrícola de la Común (PAC) con el objetivo de 'simplificar, racionalizar y modernizar la PAC'. La propuesta no ha contado con el concurso de quienes sufrirán afectación por sus consecuencias. Las tres organizaciones agrarias mayoritarias (Asaja, COAG y UPA) en España ya han manifestado que la reforma supone 'un paso más en el desmantelamiento de la agricultura'.
Parece ser que se esta una vez más ante una iniciativa de la Comisión en la cual no “se asocia a todas las partes interesadas” ni se mantiene “un amplio e integrador debate sobre la Responsabilidad Social”. Así lo perciben los pequeños agentes productores, PYME, personal asalariado formal, personas emprendedoras y ciudadanía quienes se preguntan: ¿Cuál será el impacto en el empleo rural? ¿Mermará la producción en el campo de productos de alto valor nutritivo como el vacuno, ovino y el caprino, las frutas y hortalizas? ¿Cuánto más subirá los precios de los alimentos para quien los consume? ¿Cómo afectará la producción de biocombustibles?.
Es necesario que la Comisión predique con el ejemplo para ganar credibilidad en su intención de “hacer de Europa un polo de excelencia de la responsabilidad social”. Ayudara a lograr esta meta tomar en cuenta las propuestas hechas por organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, e inversionistas en relación a establecer mecanismos eficaces que obliguen a las empresas a responsabilizarse de las consecuencias de sus actividades, comprometerlas a dar información exhaustiva y fiable respecto a las condiciones éticas, sociales y ecológicas de producción y comercialización para una toma de decisiones razonables.
Hay un viejo adagio que dice no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. El camino recorrido por la Unión Europea en responsabilidad social es un logro indiscutible. Pero quedarse en declaraciones entusiastas y actuar atendiendo a intereses parciales puede conducir a perder lo alcanzado, y lo que es más peligroso, que las expectativas creadas en la ciudadanía sobre los beneficios de la RSC, se traduzcan en furiosa decepción capaz de iniciar formas inimaginable de decidida actuación.
[1] COM(2001) 366 final / Pág.3.
[2] Traducción del inglés propia.
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