El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) juzga a siete empresas españolas por violar derechos humanos en Latinoamérica

Por F. Xavier Agulló. Hay iniciativas que, sin conocer su trasfondo político si lo tienen, suenan a delicia. No hay órgano que pueda vigilar el comportamiento de las compañías globales en la actualidad... o no lo hay a nivel formal.

Siete empresas multinacionales españolas serán juzgadas simbólicamente por violación de los derechos humanos en América Latina por el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), que el martes se constituyó en Lima en el marco de la III Cumbre de los Pueblos.

Algunos casos ya son conocidos 'entre bastidores', otros son interesantes a investigar y también hay algún que otro un poco rebuscado. Veamos en concreto de qué se les acusa.

Repsol es acusada por organizaciones sociales de Argentina, Bolivia y Ecuador de contaminar, reducir áreas naturales y contraer contratos ilegales, además de no cumplir con los niveles de inversión comprometidos.

Por su parte, Telefónica será procesada como accionista de Telecom Italia por "incidir en el derecho del pueblo boliviano a un desarrollo soberano por oponerse a la decisión del gobierno del presidente Evo Morales de tener una mayor participación en la gestión de las telecomunicaciones".

Unión Fenosa tiene denuncias de México, Colombia, Nicaragua y Guatemala por no responsabilizarse de los impactos sociales y ambientales de sus obras y por la falta de inversión en las redes eléctricas y en alumbrado público que gestiona.

Las empresas Aguas de Barcelona y FCC son culpadas de ofrecer agua sin condiciones de potabilidad, a precios excluyentes y sin cumplir sus compromisos contractuales de extensión de las redes de servicios en México y Colombia.

El Banco de Santander responderá por la financiación de grandes proyectos hidroeléctricos en Brasil que, según el TPP, implican la expulsión de miles de personas de sus hogares, la pérdida de biodiversidad y una amenaza para la soberanía alimentaria.

Sobre el BBVA pesan acusaciones que van desde la compra de voluntades políticas en Perú, al lavado de dinero del narcotráfico en México y Colombia o la financiación de proyectos destructivos con el medio ambiente en Uruguay y Ecuador.

Me temo que nos podemos imaginar el veredicto, pero en cualquier caso es interesante cualquier iniciativa enfocada a escrutar el comportamiento de las compañías globales que escapan al control legal de los estados. Buen camino hacia la consolidación de auténticas veedurías globales.