Social Confirming: herramienta (mal implantada) para el empoderamiento ciudadano

Por F. Xavier Agulló. Del último Andalusian International Responsibility (AIR2010) emergió la iniciativa del Social Confirming, que aparentemente Manuel Recio, el consejero de empleo de la Junta de Andalucía, administración pública que la promueve, define como "la puerta de entrada para el concepto de empresas socialmente responsables, la cuna de un compromiso que nace con la idea de cambiar el mundo desde la microacción" (ver su blog o la presentación en vídeo).

Parece pues presentarse como una herramienta de escrutinio público de la RS de las empresas, a modo de veeduría ciudadana. Pero esta iniciativa no parece estar exenta de críticas: Sergio Montoro en el blog La Pastilla Roja expone que "El Social Confirming se presenta embriagado por el clásico tufillo a marketing político. Para empezar, dado que quien la presenta es el consejero de empleo Manuel Recio, se da a entender que, para la Junta, responsabilidad social es más o menos lo mismo que responsabilidad laboral ¿no?". Pero a su vez le reconoce su valor: "En cualquier caso, que los políticos tengan que exprimir las posibilidades propagandísticas de la idea no le resta valor. Tiene sentido experimentar con herramientas mediante las cuales la gente puede expresar su acuerdo (o desacuerdo) con la forma en la cual se está gobernando una determinada empresa."

Pero lo cierto que hasta ahora el Social Confirming parece basarse en una simple web formato blog, cuyos principios se asientan sobre los del Pacto Mundial o Global Compact. Dispone de un futuro espacio de participación ciudadana, que por el momento está inactivo. Y no parece que haya nada más.

Me pregunto si el Social Confirming, o las veedurías ciudadanas como me gusta llamarlas, tiene que ser sólo eso: un blog impulsado por una administración pública.

1. ¿Por qué sólo se somete a escrutinio público las empresas y no los gobiernos y ONG/OSC? ¿O el propio papel de la ciudadanía a través del consumo responsable?
2. ¿Por qué no existe una estructura 'real' y física independiente detrás de este blog (aunque démosle tiempo) que facilite a la ciudadanía emitir dictámenes sobre la RSC de los distintos agentes sociales?
3. ¿Por qué no facilita no sólo las denuncias individuales sino el escrutinio organizado, proactivo y formalizado a partir de las mismas con la emisión de dictámenes?

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El buen gobierno de los gobiernos con veedurías ciudadanas

Por F. Xavier Agulló. Siendo el sector público el responsable de la legislación sobre el buen gobierno de las empresas, ¿por qué no se ocupa también de su propio buen gobierno? Toda organización que se precie y quiera sustentar en el tiempo define planes de metas, se somete al escrutinio público y gestiona la responsabilidad social en sus actividades... menos los gobiernos.

El municipio de Rosario (Argentina), ha presentado un proyecto de ordenanza para establecer un plan de metas para él mismo. Igual han hecho ya municipios como mi querida Bogotá o Sâo Paulo. Establecer un plan de metas implica la obligación de definir unos objetivos claros basados en las promesas electorales a cumplir durante el mandato, que puedan ser escrutados públicamente.

Aunque no sea el caso de Rosario, ello facilitaría la existencia de veedurías ciudadanas que pudieran dar seguimiento externo y objetivo a los logros de los gobiernos locales, regionales o estatales. La inexistencia de estos órganos, habituales en países como Ecuador, nos lleva a un descontrol entre promesas y logros, falta de transparencia en definitiva.

Mejor aún, los planes de metas no deberían ceñirse a los de la propia municipalidad o gobierno, sino también a los de una hoja de ruta para el propio territorio en que participen también sus empresas y organizaciones de la sociedad civil, así como, porqué no, su propia ciudadanía.

Es así pues como las veedurías ciudadanas asumirían un rol determinante en el buen gobierno de un territorio socialmente responsable, a la par que significaría la implicación de la ciudadanía, normalmente pasiva, en el bienestar común.

La política debe reinventarse y regenerarse, pues la incompetencia que ha venido demostrando la clase gobernante ha alejado la ciudadanía del ejercicio del buen gobierno común, ya no sólo público. Ello lo vemos en el ascenso de la abstención en las elecciones de territorios donde el voto no es obligatorio. Pero también permitiría generar mayores complicidades entre empresas y OSC con sus respectivas comunidades.

Los planes de metas y los indicadores territoriales son el punto de partida para poder alimentar las veedurías ciudadanas en su necesario rol de escrutinio del buen gobierno de los gobiernos... y resto de agentes sociales.

Su extensión a redes de territorios responsables permitiría el benchmarking y la mejora continua, y facilitar que redes como la española Red Retos sean algo más que simples escaparates faltos de contenido. Y sin duda ayudaría a generar mayor confianza pública externa en dichos territorios.

Por lo tanto los territorios y en especial los gobiernos que los dirigen deben:

1. Establecer planes de metas con sendos indicadores.
2. Crear veedurías ciudadanas que faciliten el seguimiento asambleario y anónimo.
3. Integrarse en redes de territorios responsables.

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Proponen veeduría mundial reguladora de la RSC dentro de la ONU

Por F. Xavier Agulló. "La organización Jus Semper Global Alliance de EEUU ha propuesto recientemente la creación de una Autoridad Reguladora de las Corporaciones Transnacionales (WTNCRA, en inglés). El WTNCRA sería un organismo autónomo con presupuesto de las Naciones Unidas y con el mandato de llevar a cabo investigaciones a petición de terceros y por propia iniciativa.

Los objetivos del WTNCRA serían que las empresas rindan cuentas a la sociedad civil por el impacto de su actividad, así como los gobiernos para regular las prácticas comerciales, velar para que las empresas transnacionales respeten los derechos humanos, ambientales, laborales y otros acuerdos pertinentes, y aceptar los informes de violaciones de las autoridades públicas o la petición y si hay un caso de responder, presentar una acusación ante la Corte Penal Internacional" (texto extraído de ComunicaRSE).

Tema interesante donde los haya. Desde hace ya tiempo vengo pensando en cómo las veedurías son una interesante vía para el escrutinio de la RSC de los agentes sociales y por lo tanto el fomento de territorios socialmente responsables. Más aún si como en la propuesta de Jus Semper Global Alliance se señala que es una iniciativa de la sociedad civil, como debe ser una veeduría ciudadana, aunque apunten el auspicio de la ONU, que le quita carácter ciudadano y le da más tono corporativo, al estilo de otras veedurías como observatorios o asociaciones de consumo.

El WTNCRA tomaría iniciativa ante alegaciones de gobiernos, ONG registradas y petición pública, se supone que de un grupo de personas individuales. Luego se iniciaría un proceso de investigación. En la evaluación tomaría como mínimos de contraste los diez principios del UN Global Compact.

La iniciativa es sin duda interesante, en un mundo global con corporaciones globales que no entienden de fronteras, tiene que existir algún tipo de escrutinio de la actuación responsable de las organizaciones. La cuestión es que limitarlo a empresas me parece muy miope. Es habitual que todo el mundo exija RSC a las empresas, y se olvide de llevar a cabo su propia responsabilidad social, incluso a nivel individual. Es pues como un órgano de este tipo tendría mucho más sentido si es posible que tome escrutinio de todo agente social, incluida de hecho la propia ciudadanía de cada territorio.

La actuación de esta veeduría generaría incentivos o premios a los agentes socialmente responsables, y castigo o frenos a los irresponsables, partiendo de la base que no se parte de mínimos legales necesariamente, sino mínimos éticos o socialmente responsables. Ahí en cualquier caso podrían aparecer las discrepancias de 'interpretación'. Pero herramientas hechas con suficiente participación como la ISO 26000, las AA1000, la SGE 21 o el propio Pacto Mundial de las NU son en principio un interesante punto de partida para la evaluación de la veeduría que se propone. Siga leyendo >>>

Canadá crea una veeduría institucional del sector extractivo

Por F. Xavier Agulló. Recientemente Canadá ha decidido crear una veeduría institucional en el sector extractivo, que buena falta le hace dado el comportamiento de las empresas de este país en Latinoamérica. A diferencia de lo que expone erróneamente la noticia original de la agencia Servimedia, que compara este órgano con un Consejo Estatal de RSC como el español, dicha veeduría tiene como objetivo el escrutar qué hacen las empresas del sector extractivo del país en el extranjero.

Dicho órgano va a depender del Ministerio de Comercio Internacional, como sucede en los países nórdicos. El impacto que tiene el sector extractivo sobre las comunidades receptoras es grande, por lo que ha sucitado el interés del gobierno canadiense, no es para menos.

A diferencia de las veedurías corporativas (sindicatos, observatorios, etc.) o las ciudadanas (formadas por la sociedad civil independiente), una veeduría institucional está formada e impulsada esencialmente por el gobierno.

Son pequeños pasos hacia lo que debería ser la esencia de una veeduría, el carácter asambleario y multilateral, las veedurías ciudadanas, existentes por ahora casi en exclusiva en países como Ecuador y con la única función por el momento de escrutar qué hacen los gobiernos municipales con el dinero público.

Las veedurías ciudadanas debería ser un órgano clave de desarrollo futuro de la RSC, en cuanto que vigilan y a su vez crean incentivos entre los agentes sociales responsables. Son a su vez un ejemplo de implicación activa de la sociedad civil en asuntos trascententes, como a través del fomento del consumo responsable. Porqué la RSC no es sólo cuestión de empresas.
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Crece la veeduría ciudadana iberoamericana CICE

Por F. Xavier Agulló. El Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa de España (OBRSC) ha presentado el Centro de Información del Comportamiento Empresarial (CICE), un instrumento que servirá para controlar y denunciar los comportamientos "irresponsables" en que incurran las principales empresas españolas. La iniciativa española forma parte de un proyecto a nivel mundial de la Red Puentes que nace con la vocación de "dotar al ciudadano de instrumentos de información ante la actual situación de desconfianza" que ha creado la crisis económica, según señaló en rueda de prensa el coordinador del OBRSC, Orencio Vázquez. México, Chile y Perú son los otros tres países donde se ha creado veedurías ciudadanas (centros de información sobre el comportamiento empresarial).

Cuando descubrí el concepto de veeduría extrapolable globalmente a la RSC o cuando explicaba los motivos por los cuáles son un puntal de la RSC, lo hice con la convicción que si bien es necesario generar incentivos para las empresas socialmente responsables, también es un 'incentivo' el que se denuncien malas prácticas. Cuando es un organismo quien lo hace es una veeduría corporativa, cuando se permite la participación de la ciudadanía, es una veeduría ciudadana (o contralorías sociales como llaman en otros sitios, pero com un alcance muy superior). Esto es lo que permite el CICE, pues abre la posibilidad a la ciudadanía de exponer malas prácticas empresariales.

Por desgracia no siempre la motivación al beneficio es lo que más mueve hacia la RSC, pues a menudo el evitar una pérdida es lo que más incentiva a la mayoría de empresas. Es importante pues que el OBRSC haya importado esta iniciativa a España, para el propio país pero también para Latinoamérica, por la importancia que tienen las multinacionales españoles en la región. Siga leyendo >>>

El porqué de la necesidad de veedurías ciudadanas

Por F. Xavier Agulló. El lamento de vivir en una sociedad dormida no es nuevo. El avance del individualismo de la sociedad occidental conlleva una alienación de los asuntos sociales, los comunes, como si fuera una modernidad. En cambio, cada vez estamos más amordazados por los poderes fácticos que se van consolidando.

La apuesta de las compañías globales por la RSC se debe en buena medida al 'miedo' a salir perjudicadas. La RSC no es más que un mal menor de la globalización para dichos poderes, algo inevitable. Pero éstos juegan con un 'tanto' a su favor: saben que una cosa es quejarse y otra, muy distinta, que la gente a nivel individual tome iniciativas que les perjudique.

La falta de grupos de presión y órganos de escrutinio, veedurías en definitiva, sobre dichos poderes fácticos no puede atribuirseles. Es culpa de esta sociedad dormida, no de ellos. Como de tantos otros asuntos, todo el mundo se siente capaz de atizar verbalmente, pero no de actuar inteligentemente y con orientación a un fin concreto.

No es que no existan grupos de presión en Europa o Norteamérica, los hay con formas muy variadas: ONG, observatorios, sindicatos, índices bursátiles, etc. Pero la mayoría de ellos no son eficaces, ya sea porqué son parciales o bien porqué no llegan a quien tienen que llegar para que tome partido: la ciudadanía en cuanto que agente activo de premio y castigo.

Es por ello que iniciativas como las veedurías ciudadanas cobran tanta relevancia, al menos en potencia.

Martín Santos nos comentaba hace unos días de un informe de una veeduría ciudadana argentina sobre Cargill. Poco a poco van quedando atrás los años en qué las veedurías ciudadanas nacieron en países como Ecuador, Colombia o Venezuela como órganos de control de la corrupción de los gobiernos locales. Esta función, que deben lógicamente mantener y potenciar, no debe ser la única, aunque siga costando incluso la vida a gente valiente que opta por un activismo individual (ver por ejemplo el caso de Ospino Castrillón que nos refieren en el blog Ciudadanía y Constitución, así como la situación en general de las veedurías ciudadanas en Colombia).

Pero las funciones de las veedurías ciudadanas, independientes, deben ampliarse a todos los agentes sociales. Siempre a partir de la iniciativa de personas individuales, con nombres y apellidos, que asuman el reto.

Habrá quienes sonrían con complicidad a ONG, sindicatos u otras veedurías corporativas. Incluso habrá quienes se conforten por su existencia... porque eso les exime de su propia responsabilidad. Que en Europa o EEUU no haya veedurías ciudadanas (al menos que me conste) no responde a qué haya menos necesidad que en Latinoamérica. Al contrario, seguramente es donde haga más falta, pues es donde se hornean los pasteles. Siga leyendo >>>

Veedurías ciudadanas (o contralorías sociales) para Territorios Socialmente Responsables

Por F. Xavier Agulló. Hace unos días, en este blog, encontré un comentario de una llamada 'Red de inversión social: red de vigilancia ciudadana', en el que se felicitaban por encontrar una red de blogs en Blog Responsable como existe en su proyecto digital también, en Ecuador. Interesado en su proyecto, me llamó la atención encontrar en él un concepto que, dada la normalidad con la que lo tratan, debe ser habitual en ese país, como mínimo: las veedurías ciudadanas o contralorías sociales.

Como residente a este lado del Atlántico me chocaron de entrada dichos conceptos tan latinoamericanos, pero mi espíritu aventurero me conminó a profundizar en ello. De hecho veeduría es una palabra preciosa, lo de contraloría ya me cuesta más, pues entiendo que viene de 'control', ignoro el motivo por el que han cambia una 'o' por una 'a'.

Pero maravillas de nuestro mundo encontré en estas veedurías ciudadanas una herramienta de miedo para un territorio socialmente responsable (TSR). En resumen, una veeduría social o contraloría ciudadana viene a ser un elemento que la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC) introdujo hace ya años para facilitar el escrutinio ciudadano, público, sobre las cuentas de las municipalidades. Cualquier persona del vecindario, si cumple unos mínimos requisitos, puede formar parte de ella.

Sin entrar a valorar el resultado que habrá tenido (seis años después, Ecuador es el quinto país latinoamericano, empezando por la cola, en el ranking de corrupción de Transpareny International, sólo superado por Haití, Paraguay, Venezuela y Guatemala), creo que es una herramienta magnífica para escrutar la responsabilidad de, ya no sólo los agentes públicos, sino de todo agente social del territorio: empresas, ONG, sindicatos, Iglesia y todo agente social susceptible de tener impacto sobre la sociedad puede ser controlada (mejor dicho, contralada o vista) por un grupo elegido y rotatorio de ciudadanía voluntaria, que remite sus informes.

El consumo responsable, que tanto echamos en falta quienes promulgamos una corresponsabilidad social de todos los agentes sociales (¡¡oh consumo responsable dónde estás!!), necesita de transparencia e información objetiva para tomar sus decisiones de compra, la base de nuestro sistema. En un Territorio Socialmente Responsable o TSR no creo que pueda haber herramienta más útil que una veeduría ciudadana o contraloría social.

Me gustaría saber más sobre veedurías o contralorías, y me gustaría saber más sobre esta red de vigilancia ciudadana llamada Red de inversión social que tanto me ha interesado. Investigaré sobre ello, e intentaré implantar una prueba piloto en algún territorio cercano... si se atreve! ¿Alguien sabe más sobre ello?

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OTRAS FUENTES: Veedurías ciudadanas en Colombia

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